WEwl PP ha denunciado que la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura ha comprado 284 monitores de ordenador por 509 euros cada uno, cuando en cualquier tienda especializada de Extremadura se pueden encontrar por la mitad. Incluso la misma empresa a la que se le compraron los monitores los anuncia en la página web de la Universidad de Cádiz por 228 euros. El PP, además de criticar el precio pagado, pone en solfa que la adquisición de este material se haya hecho a través del procedimiento de negociado sin publicidad, es decir, sin libre concurrencia de otras empresas, sin concurso. La dirección general aludida defiende su actuación afirmando que la legalidad de su proceder descansa en la Ley de contratos del Estado y de que no existe en la región ninguna empresa "homologada", es decir, que cumpla los requisitos para poder recibir este tipo de contratos. La Asociación de Informáticos y Comunicaciones de Badajoz ha respondido airadamente rechazando esos términos y señalando que la Junta compra "de continuo" materiales de este tipo a empresas "con clasificación o sin clasificación".
De este asunto surgen varias preguntas. La primera, y sin necesidad de imputar a los responsables de la Dirección General de Política Agraria ninguna irregularidad, es de sentido común: ¿por qué se han comprado los monitores al doble de su valor? Los ciudadanos tienen, con frecuencia, la impresión de que los responsables políticos no actúan, cuando de gastar se trata, con el mismo celo con que lo harían si el dinero fuera propio. Por esta razón, la consejería aludida debería aprestarse a disipar la duda de si este es un caso de mala administración o no lo es. Y si, como ha dicho en su descargo, todo se debe a la necesidad de cumplir con unos requisitos, como el comprar sólo a empresas "homologadas", debería dar cuenta de las razones por las que está obligada a hacerlo, y de paso manifestar qué cambios habría que hacer en la legislación para evitar situaciones tan incomprensibles y poco respetuosas con el principio de la buena administración como la de obligar a comprar a un precio muy por encima del valor de mercado. La segunda pregunta que sugiere esta compra es la de por qué se ha empleado el procedimiento más opaco de los legalmente existentes: el negociado sin publicidad. La Ley, efectivamente, la contempla, pero con condiciones; una de ellas es la previa convocatoria de un concurso que no se resolvió. La Junta, en su respuesta a la denuncia del PP, ha dejado pasar la oportunidad de explicarlo. Ahora, y tras la información que publica hoy este periódico, también sería bueno saber por qué durante el año pasado, la Consejería de Agricultura ha llevado a cabo no uno, sino ocho procedimientos negociados sin publicidad para comprar material informático, y por un valor más que respetable: 1,9 millones (más de 300 millones de pesetas). ¿Es que todos estos procedimientos se derivan de la imposibilidad de resolver las compras por sistemas más transparentes? Es preciso saberlo para entender qué ha pasado en este asunto.
