La precampaña electoral hacia la cita autonómica del 25-M dio ayer un giro radical, al pasar de las palabras a los hechos a través de los anuncios, tanto de PSOE como de PP, de recíprocas denuncias ante la Junta Electoral Regional. El motivo, no exento de una intencionalidad disuasoria en ambos casos, tiene vías de justificación y, en su caso, de resolución, bien distintas.

Al margen de las vallas propias de cada partido que inundan las calles de las principales ciudades extremeñas, el cruce de denuncias que resolverá la junta electoral representa el arranque tácito de la campaña, que, a su vez, puede acarrear los primeros disgustos. Veamos. De un lado, y a la vista de los datos del minutaje de la aparición de líderes en la televisión estatal aportados por los socialistas, alguien deberá explicar tamañas diferencias a la hora de valorar, en tiempo, su presencia ante las cámaras públicas extremeñas.

Y aunque la intención es indemostrable, de otro lado, no parece demasiado sólido el argumento popular de que la Administración autonómica utilice servicios de publicaciones especializadas resueltos mediante concurso, en la mayoría de los casos adjudicados tiempo atrás, para influir ahora y no antes en la opinión pública. En cualquier caso, la junta electoral tiene ahora la palabra.