Sobre los rescoldos de los incendios que han carbonizado parte importante del patrimonio natural de 4 de la 7 Islas Canarias, el Gobierno ha derramado un decreto ley que busca paliar, de forma inmediata, las pérdidas que han sufrido los ciudadanos afectados a título particular y las explotaciones y empresas de todo tipo que han tenido que cesar en su actividad. El viernes, de forma extraordinaria, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas compensatorias tan generosas como inconcretas en su monto total. Habrá ayudas directas a los perjudicados individualmente, como los que se han quedado sin casa, y otras indirectas, como las exenciones fiscales para quienes han perdido, además, sus medios de subsistencia. Se trata de una reacción adecuada al tamaño de la catástrofe y cuya rapidez hay que aplaudir. A la vista de las declaraciones realizadas por los responsables de las distintas administraciones que han intervenido en la lucha contra el fuego en Canarias --Gobierno central, Gobierno canario, cabildos insulares y ayuntamientos--, parece que es exagerado en este caso hablar de descoordinación en los trabajos. Malas experiencias anteriores en la lucha contra los incendios forestales parecen haber insuflado a los políticos de todos los colores un toque de pragmatismo. La experiencia indica que suelen acudir al lugar de los siniestros y aprovechar el movimiento mediático que les acompaña. Pero, tras catástrofes como la del Prestige o el fuego de Guadalajara, hace dos años, han asumido más claramente su papel como coordinadores sobre el terreno del personal y los medios disponibles y como canalizadores de las ayudas urgentes.
