WLwos sindicatos, la patronal y el Gobierno negocian siguiendo las directrices del Pacto de Toledo nuevas reformas del sistema público de pensiones para garantizar su futuro. Uno de los últimos pasos consensuados supone convertir en 15 años reales de afiliación --5.475 días cotizados-- el mínimo para tener derecho a la jubilación. Hasta ahora, eran 4.700, lo que en realidad no llega ni a los 13 años de los 15 que se decían. Es un endurecimiento mínimo y razonable de los requisitos, que además se desarrollará a lo largo de un lustro. Otra cosa es la eliminación de la pensión de viudedad en los casos de quienes sobrevivan a parejas que aporten menos del 50% de las rentas conjuntas. Es verdad que la mujer se ha incorporado de forma masiva al mundo laboral y, en consecuencia, hay que dar a la viudedad su verdadera misión de renta de sustitución de unos ingresos que desaparecen. También es cierto que la medida supone que cuando los dos miembros de una unidad familiar trabajan, uno de ellos cotiza para una viudedad que en la práctica nadie de su familia percibirá, y que irá al fondo común. Los autores de la reforma deberían explicar ese esfuerzo de solidaridad extra que se pide a una parte de la ciudadanía.
