Ante la grave crisis económica en la que está sumida España, el Gobierno anuncia a bombo y platillo que suprime 32 altos cargos para así reducir el gigantesco déficit. Al mismo tiempo se conoce que en el Senado, a pesar de tener un idioma común conocido y dominado por todos, los senadores nacionalistas con lengua cooficial en sus respectivas comunidades van a disponer de un servicio de traductores, para así poder hablar en su idioma autonómico. Esto costará a las arcas públicas un millón doscientos mil euros. ¿Cómo se puede calificar el hecho de ahorrar por un lado y despilfarrar por otro? Simplemente como una monumental falacia.
Argumentan los nacionalistas que se encuentran más cómodos utilizando su lengua; cualquier paciente que esté padeciendo su enfermedad en las listas de espera de la Seguridad Social también se encontrará más cómodo y mejor atendido en la consulta de un médico privado, y todos sabemos que de escoger la segunda opción ese capricho lo tendrá que pagar de su bolsillo. De igual manera si los nacionalistas quieren expresarse en su lengua en el Senado los traductores deberían de pagarlos ellos.
La aprobación de este singular hecho no es más que la enésima claudicación ante los capricho y veleidades de los niños mimados de nuestro sistema político. La culpa no es de quien pide, sino de quien vergonzosamente claudica y otorga.
Manuel Villena Lázaro **
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