Conforme se acerca el momento del cambio de Gobierno en España, la realidad se impone a cualquier otra consideración y el tajo que prepara el Partido Popular se concreta más y más, aunque el partido y su líder, Mariano Rajoy, mantienen un mutismo sin fisuras que empieza s resultar desconcertante. Porque de la documentación requerida por el equipo que encabeza Soraya Sáenz de Santamaría para preparar el traspaso de poderes es fácil deducir que los recortes afectarán tanto a la función pública como a una amplísima gama de empresas y servicios que hasta la fecha han sido de titularidad pública. De los Paradores Nacionales a RTVE, de determinados segmentos del funcionariado a algunos palacios de congresos.

Esta operación, que los populares llaman racionalización, incluye un programa de privatizaciones, como era por demás previsible. Solo si se mejora la eficacia, se reducen los costes y se mantiene la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, estarán justificadas. En caso de no cumplirse estos requisitos, la transferencia de un bien o un servicio público al sector privado será pan para hoy y hambre para mañana.

Nadie debe sorprenderse por lo que a todas luces se prepara sin que ninguno de los futuros gobernantes quiera soltar prenda. El curso de los acontecimientos en las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores es un anticipo perfectamente verosímil de lo con toda probabilidad sucederá a escala nacional dentro de muy poco. Incluso es posible que los acontecimientos se desarrollen según el guión ensayado por esas autonomías: subrayar, primero, que la situación es mucho peor de lo esperado para justificar así un trabajo intensivo con las tijeras de podar. Aunque dentro del escenario autómico del PP hay distintas escalas. El tijeretazo de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha --que ha llegado a recortar salarios a los empleados públicos y obligarles a trabajar más-- es sensiblemente superior al puesto encima de la mesa hasta el momento por el presidente extremeño, José Antonio Monago, y que actualmente está bloqueado por falta de acuerdo con PSOE e IU.

Desde luego, en el caso de España, ni las exigencias franco-alemanas ni la realidad contable del Estado admiten más que aplicar al presupuesto una austeridad monástica. Ahora bien, el próximo Gobierno debiera asegurarse de que no confunde la austeridad con la jibarización del Estado. Un adelgazamiento de lo público que afectaría en primera instancia a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad, azotados por el paro y la falta de expectativas, y haría imposible la función redistribuidora que se atribuye al propio Estado.