Desde que se inició la crisis financiera en agosto del 2007, a la que se sumó enseguida la de las materias primas, y en varios países, como España, la caída del sector inmobiliario, no se ha hecho suficiente hincapié en que algunas de las medidas que se están solicitando no merecen ser atendidas. En el sector de los seguros se conoce como riesgo moral el principio según el cual cuanto mayor es la seguridad, mayor es la temeridad de quien toma decisiones. Se advirtió de este riesgo cuando los bancos centrales de Europa y Norteamérica acudieron en rescate de la banca privada (y en especial la de inversión de alto riesgo) prestando ingentes cantidades de dinero para que sanearan sus cuentas. No se ha tardado en sugerir que ese mismo principio se extienda al sector inmobiliario y constructor. Salvando las diferencias --una crisis financiera global sería una catástrofe superior a los actuales remedios para evitarla--, los promotores y constructores españoles también han pedido mejores condiciones de crédito para sus empresas, para sus potenciales compradores, o incluso bonificaciones fiscales.
Afortunadamente, el vicepresidente Solbes ha puesto las cosas en su sitio y sin rodeos. El sector inmobiliario ha cometido excesos (remedo de la legendaria expresión de exuberancia irracional) y el ajuste no solo no debe paliarse con soluciones artificiales sino que acabará siendo beneficioso para el conjunto de la economía. Ciertamente, la única obligación pública es dar cobertura a quienes pierden su trabajo en el sector o facilitar que quienes ahora sufren para devolver sus hipotecas puedan renegociarla.
