La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia tiene abiertas diligencias contra seis alcaldes --todos de localidades de la provincia de Cáceres-- por delitos relacionados con el urbanismo. La Fiscalía no les imputa que se hayan hecho un chalet en terreno no urbanizable o que hayan cobrado comisiones por cambiar el plan municipal para facilitar cualquier ´pelotazo´ de constructores sin escrúpulos. No se trata de eso. Se trata de asuntos menos llamativos pero también importantes: en los expedientes que tiene abiertos la Fiscalía se les acusa a estos responsables municipales de dejación de funciones, de falta de vigilancia, de ausencia de rigor en el cumplimiento de la ley, de no aplicar la disciplina urbanística... Dicho en lengua común se les acusa, la mayoría de las veces, de mirar para otro lado.
Por mirar para otro lado hay en Extremadura centenares de viviendas ilegales, que no solo ocupan terrenos rústicos o protegidos, sino otros de dominio público, de caminos, de zonas inundables... La ley es taxativa: los alcaldes tienen la obligación de perseguir delitos urbanísticos, y no hacerlo los convierte en autores, por omisión, de dichos delitos. Una filosofía difícil de aplicar por los alcaldes porque supone enemistarse con alguien a quien después querrás pedirle el voto. Pero entre la política y la ley, debe prevalecer esta última.
