Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), llevado a cabo en seis grandes ciudades de nuestro país ha concluido que los menores no tienen ninguna dificultad para hacerse con bebidas alcohólicas. Esto mismo es perfectamente aplicable a nuestra región: el alcohol está accesible para los que no han cumplido 18 años en buena parte de las tiendas pequeñas, mientras que solo los híper exigen el carnet al comprador antes de venderle la bebida.
Esto no es ninguna novedad, pero el que no lo sea no le quita importancia; al contrario, se la da. Que la sociedad española es permisiva con el consumo de alcohol, ya se sabe; que también lo son las instituciones no le cabe duda a nadie, y para demostrarlo basta reparar en que el Instituto de Consumo de Extremadura informó a este periódico que en el 2007 (último año del que facilitó datos) solo se levantaron 9 actas de infracción a propietarios de tiendas por vender alcohol a menores. En unas pocas horas, este diario comprobó que se podían haber levantado tantas actas de infracción como el Instituto de Consumo levantó en todo el 2007. La pregunta es obvia: ¿para qué se hacen las leyes, entonces? Si no se van a hacer cumplir, las instituciones deberían emplear el tiempo en otra cosa. Al menos así, nos libraríamos todos --instituciones políticas y ciudadanos-- de la acusación de fariseos.
