La legislatura va a acabar y no ha habido ni una sola voz que apoye aquella declaración de intenciones del PSOE de hace cuatro años de cerrar la central nuclear de Almaraz en el 2010, cuando termine su actual licencia. Muy al contrario se ha ido abriendo paso, y ha llegado hasta el programa electoral con el que los socialistas quieren revalidar el gobierno el 9 de marzo, de que Almaraz continuará hasta el año 2020.

Existen, desde hace meses, tan pocas dudas de que el Gobierno --sea el que sea, porque el PP ni siquiera es partidario de que se desmantele en esa fecha-- va a renovar la licencia de Almaraz que su director anunció días atrás, por un lado, que en junio se pedirá oficialmente la prórroga y, por otro, que en los próximos tres años invertirá 170 millones de euros en mejorar la planta. Lo cual viene a poner de manifiesto que la licencia es, más o menos, una formalidad.

Todo el mundo encuentra peligros en la energía nuclear porque los tiene. Pero también cada vez más gente ha resuelto el dilema sobre su uso en el sentido de que actualmente no hay alternativa energética (y menos, después de Kioto) a la nuclear. A menos que se ponga en peligro el nivel de desarrollo que tenemos. Pero incluso el debate en términos de si la sociedad está dispuesta o no a empeorar sus condiciones de vida a cambio de librarse del peligro que suponen las nucleares es artificial ante la evidencia de que nuestra vecina Francia tiene 59 centrales nucleares. Y la radiactividad no conoce fronteras.