WLw a tributación en Extremadura de la Central de Almaraz vuelve a la primera línea de la agenda política: el último pleno de la Asamblea estuvo marcado por este asunto que, en principio, parecía haber quedado definitivamente resuelto cuando en el pasado mes de abril el consejero de Industria, José Luis Navarro, desde la misma tribuna de oradores, señaló que la Central ya había trasladado su domicilio fiscal a la región --concretamente a la dirección en que se encuentra la planta en las inmediaciones de Almaraz--, y que, por tanto, quedaba resuelto el problema de la tributación que el Ejecutivo regional había puesto como condición indispensable para que, desde Extremadura, se diera luz verde a la prórroga de la actividad hasta el 2020.

Sin embargo, el triunfo político que anunció el consejero Navarro ha devenido con el tiempo en no se sabe qué, cuando no en un fiasco. Que las cosas sobre este asunto no eran lo que parecían ya se adivinaba a últimos de junio, cuando los dos partidos políticos con representación parlamentaria acordaron instar a la Junta a que hiciera lo que ya se había anunciado como hecho desde abril, es decir el traslado a la región del domicilio fiscal de la planta nuclear. Ahora se sabe que el domicilio fiscal de Almaraz, que está en Almaraz desde el 22 de abril, no es suficiente para lograr la tributación en la región de la empresa propietaria de la central, que, como se recordará, se calcula en torno a los 200 millones de euros.

El asunto, por tanto, vendido en su día como solución, se ha convertido en un problema. Y es que algo se ha hecho mal. Parece como si la Junta no hubiera sabido exactamente qué es lo que se trasladaba a la región y qué consecuencias tributarias tenía. El pleno del pasado jueves no ha aclarado las cosas o solo las ha aclarado parcialmente y en la misma medida en que lo había publicado este periódico: que la naturaleza de la sociedad constituida por los dueños de Almaraz, la comunidad de bienes, no reporta a la región los ingresos previstos, y que tendría que ser una sociedad anónima. Pero no se sabe con exactitud qué diferencia hay entre una y otra y qué consecuencias impositivas tiene. El hecho de que la Junta no haya aportado esos datos, imprescindibles para entender su posición, no hablan muy bien de cómo ha gestionado este asunto.

La consecuencia de todo ello es de gran importancia: donde parecía que había un ingreso de 200 millones, ahora hay mucho menos o nada. Donde parecía que este contencioso con la central estaba resuelto, ahora sigue pendiente. Solo una nueva negociación con los dueños de la nuclear podría salvar las cosas. Pero en esa negociación, de entrada, la Junta está en desventaja, puesto que el presidente habla de que no tiene capacidad de imponer el cambio de modelo de sociedad; solo de comunicar a los dueños "que lo desea". En este contexto, la subida de impuestos hasta el triple del tipo actual a la nuclear no se sabe si hay que interpretarlo como un envite del Gobierno regional para empezar a negociar ("vamos a enseñar los dientes", dijo el consejero Franco), o como el síntoma de que, ya que esa negociación está fracasada, solo queda la vía del impuesto para recaudar dinero de Almaraz.