La Central Nuclear de Almaraz va a pedir al Gobierno que apruebe su prolongación de vida útil hasta el 2021. Es muy posible que el Gobierno lo conceda porque el programa electoral socialista contemplaba la renovación de las licencias de las nucleares; porque no solo no ha habido ningún pronunciamiento contrario, sino que todos los indicios que parten del Ejecutivo van en esa dirección; y porque con lo que está cayendo por el cambio climático y por el aumento del precio del petróleo, es altamente improbable que triunfe la tesis del cerrojazo nuclear.

En esta coyuntura, la Junta de Extremadura ha hecho un cambio de rumbo inteligente: ha pasado de exigir que la central cotice el IVA en Extremadura (una exigencia que el presidente de Endesa considera "legítima". Faltaría más, procediendo de un gobierno legítimo) a pedir otro tipo de compensación. Exigir el IVA es meterse en camisa de once varas, puesto que supone obligar a una empresa a que cambie su domicilio fiscal. Y no hay ley que lo sustente. Sin embargo, al abandonar esa reivindicación se abre la puerta a iniciar una negociación entre los propietarios de la central y el Gobierno extremeño sobre esa, todavía indeterminada pero mucho más factible, compensación. Que debe haberla. E importante. Porque Extremadura carga con el riesgo de tener una central activa durante una década más. Y eso debe pagarse.