Pareciera que un hado nefasto se haya fijado en nuestra Facultad de Biblioteconomía. No sólo amenaza desaparecer el cubo y otros espacios del continente, sino que su propio contenido, la titulación en Biblioteconomía, también corriera peligro. ¿No será la ruina del edificio un heraldo negro de otra pobre realidad?

La facultad debería ser un puntal de nuestra realidad bibliotecaria; por lo que parecería lógico deducir que si el derribo paraliza su actividad académica, la realidad bibliotecaria de la región sufriría. A mi entender esto no será así porque tenemos un marco bibliotecario regional desestructurado, donde la existencia de cualquiera de sus elementos no garantiza los beneficios a los demás.

A pesar de que las competencias en la materia fueron de las primeras transferidas a nuestra comunidad; no fue hasta el año 1997 cuando se promulgó la Ley de Bibliotecas de Extremadura. Partimos pues con retraso. Previa a su promulgación, la todavía operativa Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura (ABADMEX) debatió el tema y elevó una serie de recomendaciones. Decíamos que lo más eficaz era una ley que necesitase poco desarrollo reglamentario o que dejara explícitas la líneas maestras para posteriores reglamentos. Este deseo unánime de la profesión no se recogió en la Ley 6/1997. El único reglamento que salió fue el del Consejo de Bibliotecas; órgano meramente consultivo y cuyos mínimos informes no han transcendido.

Posteriormente se dictó el Decreto 134/1998, para la integración de bibliotecas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura. Las bibliotecas se integraron en un sistema sin reglamento. Forman parte de un continente sin contenido. A esto le siguió la creación de la Biblioteca de Extremadura en el 2000. Ella es el centro superior, funcional y técnico del Sistema Bibliotecario, y trabaja bajo la misma paradoja anterior. Además, tampoco ella tiene aprobado su reglamento.

Paralelamente a todo esto, desde la Junta se llevó a cabo una digna tarea para abrir hasta 446 sedes de bibliotecas en casi todos los municipios de Extremadura. Lo que el anterior consejero señor Muñoz sólo se atrevió a denominar "una red física de bibliotecas y agencias de lectura" (Hoy 24/10/2006). De nuevo un continente con poco contenido.

La Ley de Bibliotecas es un dolce far niente con malas repercusiones en todos los ámbitos de la lectura pública y también en la titulación de la Uex. Las matrículas en Biblioteconomía siguen descendiendo: de 271 alumnos en 1998 a 179 en 2005; es decir, una variación de --33,95%. La escisión entre el mundo académico y el laboral crece. Para solucionarlo la Junta debe intervenir en el mercado laboral.

XEL SECTORx público debe ser el mayor demandante de bibliotecarios y lo que ya no es asumible es que cada vez que sale una plaza de trabajo se pida titulado superior, no la titulación en Biblioteconomía. Ante esta situación, que la ambigüedad de la ley ampara, es normal que más de uno se pregunte el sentido de unos estudios que después no se reconocen. Si la Junta apostó por la facultad, debe ser una severa vigilante para que en las bibliotecas extremeñas trabajen en primer lugar estos titulados.

La ley, también por omisión, favorece un servicio de lectura pública deficiente en la región. Casi todos hoy suelen confundir la biblioteca con el edificio que la alberga. Una biblioteca no es un local con una colección de libros. La biblioteca son libros, pero fundamentalmente un conjunto de servicios bibliotecarios que hacen posible el uso de esos libros. Según el Manifiesto de la Unesco "La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos".

Los servicios deben ser completos y atendidos por bibliotecarios profesionales. La legislación debería favorecer los servicios con un adecuado número de personal competente. Hoy, hay un déficit muy grande de personal cualificado en las bibliotecas. Sin suficientes profesionales no hay biblioteca, como tampoco hay hospitales o colegios.

La Junta debe apoyar a los ayuntamientos en la contratación de personal. No más bibliotecas municipales sin bibliotecarios. Tenemos que desengañarnos: no vale cualquiera para trabajar en una biblioteca municipal, ni en las escolares, que por cierto no aparecen en la Ley de Bibliotecas, ni en las de hospitales, etcétera. Las sucesivas promociones de la facultad deberían tener parte de su futuro asegurado así.

Con esta nueva legislatura y gobernantes de otra generación, es el momento de pasar de la preocupación por el continente al trabajo sobre el contenido. Sin el desarrollo de instrumentos legales: no tendremos Sistema de Bibliotecas, a la Facultad de Biblioteconomía le faltará oxígeno, el intrusismo profesional diezmará la profesión. En resumen, la democratización cultural de nuestra comunidad se paralizará en pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento.

*Bibliotecario