ANACRONIAS

Que la trayectoria histórica ha sido distinta, y aún sigue siéndolo, en las distintas áreas geográficas de la Tierra es un hecho muy conocido, el que aun dentro de la relativa homogeneidad habida en el Occidente europeo existan singularidades notables también.

Nuestro país es un buen ejemplo de las mismas con sus anacronías lastrantes, no dejando de sorprender la existencia de las mismas cuando éstas se ponen de manifiesto. Y aun dentro de nuestro propio territorio encontramos diferencias evidentes, entre nuestro sur profundo, la Meseta, Levante y nuestro norte peninsular.

Sin duda, una de las que más llama la atención es el régimen jurídico de tenencia de la propiedad rural de algunos predios agrarios. Figuras ancladas en los viejos señoríos o división de los distintos usufructos de la tierra en propietarios diferentes tienen un claro origen medieval, constituyendo claros anacronismos, lugares en donde se paró el reloj de la historia.

Andaluces y extremeños emprendieron, con métodos diferentes pero con objetivos comunes, la tarea de terminar con estas situaciones, claramente injustas en lo social y negativas en lo económico.

Los viejos ecos de la reforma agraria, volvieron a retumbar en nuestro país y el subconsciente social de nuestro pueblo rebobinó la historia, produciéndose las resistencias esperadas, junto a expectativas y recelos. Todos los gobiernos, tanto estatales como autonómicos, eran conscientes de la delicadeza con la que había que tratar la cuestión. Y francamente creo que así se hizo.

La modernidad de algunas de las leyes que los parlamentos autónomos aprobaron, para culminar una reforma agraria moderna y del siglo XX, están ahora mismo en línea con la nueva política agraria comunitaria, por ejemplo la Ley de las Dehesas Extremeñas es un magnífico ejemplo de política integrada y de conservación de un ecosistema.

Tanto las leyes andaluzas como extremeñas tuvieron un primordial objetivo, transformar los patrimonios rurales en empresas económicas modernas que generasen riqueza y empleo. Y esto se consiguió, con algunas resistencias, más por el fuero que por el huevo, y como afortunadamente estamos en un Estado de Derecho, a él se acogieron algunos, muy pocos, que no querían renunciar a nada. A este respecto el pleito de la Casa de Alba con la Junta de Extremadura, es paradigmático. En Zahínos, un pueblo del interior de Badajoz, un numeroso grupo de modestos agricultores sufrían un régimen de rentería con connotaciones claramente señoriales, pagando a la Casa de Alba unas rentas que eran en realidad un esperpéntico vestigio que sobrevivía a un impuesto medieval. El pleito que surge como consecuencia de la expropiación de la finca por la Junta ha sido largo, no tanto como el de Siruela, que duró cinco siglos, pero ambos casos han sido resueltos felizmente por el Gobierno autónomo.

Y uno no puede por menos que alegrarse por los campesinos de Zahínos. Porque para ellos lo mismo que para otros que están en otras latitudes y condiciones más o menos semejantes, caminar hacia la modernidad representa un trecho mucho más largo, más estrecho y empinado que el que tienen que recorrer otros colectivos sociales en los que el reloj histórico no se paró. Hay mucha anacronía a lo largo y ancho de este mundo. El pudor terminológico es lo último que debe impedir acabar con ellas. Y en este sentido la reforma agraria sigue siendo una cuestión pendiente en muchas latitudes. De esto nos podrían hablar largo y tendido los colectivos de campesinos del continente sudamericano, entre otros.