Al final Andalucía ha dado el cante: el Congreso de los Diputados ha aprobado el nuevo Estatuto de esta comunidad en el que se incluye que tendrá competencias exclusivas sobre el flamenco. Han servido de poco aquellas declaraciones de consejeros del Gobierno andaluz diciendo que todo se debía a un malentendido, cuando el pasado mes de junio la Junta les pidió explicaciones sobre sus pretensiones de tener exclusiva sobre un cante que ya está extendido --¿tal vez desgraciadamente, según el flamante Estatuto andaluz?-- no solo por Extremadura y España, sino por Europa, América y Asia.
Nadie puede negar el significado del flamenco para Andalucía; su incardinación en la sociedad, hasta el punto de que, en ocasiones, se ha tomado como la manifestación cultural que mejor la define; el patrimonio artístico que mejor interpreta su alma. Pero de ahí a que Andalucía se atribuya "la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco", como textualmente recoge el artículo 67 del Estatuto, media un abismo. Es elogiable que el PP extremeño intente corregir esa ´exclusividad´ en el Senado, pero es de temer que se quede en algo testimonial porque el PP andaluz respalda el texto. Además, es dudosa la virtualidad del propio texto. Porque, en la práctica, qué significa: ¿que en ningún otro sitio, salvo en Andalucía, se va a poder conservar, investigar, etc. el flamenco? Es un disparate que solo es entendible desde una decisión que tiene más de folclorismo rancio que de política de altura.
