Más allá del posible conflicto de competencias que evoca y de suscitar de nuevo el debate sobre los límites de la propiedad privada, el decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía sobre los desahucios de viviendas recuerda otra vez al conjunto de la sociedad que estamos ante un drama de proporciones colosales que hay que paliar cuanto antes. En síntesis, el Ejecutivo regional de coalición PSOE-IU podrá expropiar durante un máximo de tres años los pisos vacíos propiedad de bancos obtenidos por estos tras el impago de la hipoteca por sus anteriores dueños. Los 45 desahucios diarios --86.000 desde el 2007-- dan idea de la extensión del problema en Andalucía, donde hay 700.000 viviendas desocupadas, más de la mitad, propiedad de personas jurídicas. Por eso la Junta también se propone, bajo la amenaza de sanciones, que ese parque inmobiliario se ofrezca en el mercado de alquiler. La propia banca debe dar más pasos hacia fórmulas realistas y socialmente más justas, que deberían tener reflejo en la legislación que precisamente ahora discute el Congreso.
