El hecho de que el Parlamento gallego haya quedado de hecho desprovisto de la capacidad de analizar las claves de un desastre que, como el del Prestige, le afecta de forma tan trascendente, es una agresión a la filosofía, el fondo y la forma del modelo democrático español. Porque ese modelo es --le guste o no, le convenga ahora o no, al Partido Popular, que es quien ha puesto las trabas a esa investigación-- el del Estado de las autonomías. Al impedir que quienes tomaron las grandes decisiones sobre el barco comparezcan y se expliquen ante esa Cámara, ¿qué sentido le queda a haber estructurado el país a partir de poderes autonómicos?
El Estado de las autonomías ha sufrido esa burla por parte de quienes tienen en estos momentos la máxima responsabilidad, tanto en el conjunto de España como en Galicia. Es decir, de quienes están más obligados que nadie a defender el buen funcionamiento de nuestro modelo. Es una cuestión grave. Y no tiene paliativo, pues el Parlamento gallego no ha quedado fuera de juego porque el tema ya lo estudie una comisión parlamentaria estatal, sino que no se le deja llegar al fondo del asunto pese a que el Parlamento español no quiere investigar el tema.
