El Gobierno socialista ha iniciado los trámites para anular el sindicato de prostitutas que autorizó por error, según ha reconocido la propia ministra de Trabajo. La decisión ha provocado un encendido debate que ni es nuevo ni es de fácil resolución, ya que une los intereses de las mafias con los derechos de las personas más vulnerables. Desde el punto de vista de la igualdad, la prostitución no puede considerarse un trabajo, sino una explotación. El principal motor del negocio es un colosal entramado de traficantes y proxenetas que se alimentan de la esclavitud. Naciones Unidas considera que el comercio de personas constituye la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo. La propia existencia de la prostitución no hace más que enraizar la desigualdad, ya que cimienta la idea de que el cuerpo femenino está en venta.
Pero la ministra Valerio y el presidente Pedro Sánchez han ratificado lo que resulta una obviedad: no puede autorizarse un sindicato de una actividad ilícita. Y sobre todo con un Gobierno que ha proclamado su carácter feminista. La Administración debe explorar otras vías para proteger los derechos de esas mujeres que la ejercen porque no tienen otra forma de ganarse la vida. Y la primera se centra, insistimos, en la persecución de las mafias que controlan este inmenso negocio.
