La decisión de la Diputación Provincial de Cáceres de hacer efectiva la derogación de la ordenanza de prestación de servicios técnicos a los constructores viene a colmar las aspiraciones de un sector que llevaba años reclamando esta medida y que en el pleno del próximo viernes ratificará la institución. Con ello, no sólo los empresarios dejarán de abonar una cantidad económica, sino que en el futuro podría suponer un acicate para aumentar las inversiones en la provincia cacereña.
Si hace unas semanas este mismo sector solicitaba que la diputación aumentara el número de obras adjudicadas a empresas extremeñas, el gobierno provincial da ahora el primer paso dentro de la política de apoyo a los empresarios de la construcción que se ha marcado durante esta legislatura. Aunque es cierto que la partida que dejará de percibir la institución es sólo de 600.000 euros (100 millones de pesetas), no hay que dejar a un lado la importancia que para el empresariado regional supone la reducción de costes en el ámbito de un mercado clave para el desarrollo de la comunidad autónoma. La medida, como han reclamado representantes del sector, debería ser imitada por otras instituciones que mantienen esta misma ordenanza. Si la fórmula es buena o no, el tiempo lo dirá.
