WLw a detención y posterior ingreso en prisión de Arnaldo Otegi, portavoz de la izquierda aberzale ilegal, se produce después de haber sido sometido a un proceso con todas las garantías. De hecho, fueron los cinco jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los que, por unanimidad, rechazaron el recurso de casación presentado por la abogada del político vasco contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que ahora se ejecuta.

El Estado de derecho ha funcionado correctamente eneste caso, por más que los compañeros de filas del condenado hablen de "venganza" o de que hay "barra libre para la represión". Los jueces han castigado a Otegi a un total de 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo, que se produjo en el homenaje realizado el año 2003 al etarra José Miguel Beñaran, Argala, asesinado en la localidad francesa de Anglet en diciembre de 1978.

Dicho esto, es comprensible que el encarcelamiento de Otegi, que se produce cuatro días después de que la banda terrorista ETA anunciara el final del alto el fuego y dos más tarde del envío a la prisión de Aranjuez del etarra Ignacio de Juana Chaos, tras varias semanas en el hospital, pueda ser interpretado como un giro de los poderes del Estado hacia posiciones más duras. Pero el caso de Arnaldo Otegi es una decisión judicial, que hay que acatar, como todas, a diferencia del de De Juana Chaos, en el que hay una orden gubernamental, que también es legal, pero que expresa una voluntad política.

Que el portavoz de los grupos contrarios a condenar los atentados esté en la cárcel de Martutene puede ser aprovechado por los violentos para justificar acciones terroristas o de kale borroka, al grito de que hay que combatir al Estado opresor, el legitimamente elegido por los españoles por sufragio universal.

Pero los tribunales y los gobiernos democráticos no pueden plegarse a esas amenazas de los intolerantes. Cuando Otegi homenajeó a Argala, lo hacía a un etarra de los primeros tiempos, pero no por eso menos sanguinario y opuesto a la reinserción que a finales de los años setenta hicieron los poli-milis.

La presencia del líder radical en ese acto era incompatible con la imagen de negociador que ha querido dar en los últimos meses. Independientemente de su ingreso en prisión, es improbable que Otegi vuelva a jugar un papel relevante en la pacificación del País Vasco. Porque las posiciones vuelven a estar donde estaban antes de la tregua anunciada por la banda en marzo del pasado año y que ella misma se saltó a la torera con el bombazo de la T-4. Los aberzales radicales siguen sin romper con los asesinos y eso les condena a la marginalidad frente a un Estado que debe garantizar inequívocamente el imperio de la ley.