«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones...». Esto, sencilla y llanamente, es lo que dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada en 1948.
Lo anterior adquiere en estos días una gran relevancia, porque pretenden desde el Gobierno, de manera abierta y sin esconderse, censurar opiniones en contra de su actuación. La ministra Celaá dice que «no podemos aceptar que haya mensajes negativos» de la gestión de Sánchez de la crisis sanitaria del covid-19 y por ello, en rueda de prensa, se habla de trabajar para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».
Que no se trata de censura, no, aclara el ministro Marlaska para explicar estas palabras, sino que van a monitorizar las redes únicamente para combatir bulos; pues si así fuera, deberían empezar por ellos mismos, que han sido los mayores generadores de mentiras en esta crisis. Para bulo el de Fernando Simón, que dijo que «España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado» o el del consejero Vergeles, cuando aseguró que «el virus no tiene una letalidad muy alta» ni tampoco «tiene una especial contagiosidad», y ambos son médicos; es un gran bulo el del ministro Illa que, semana tras semana, nos avisaba de que llegarían pronto las protecciones y los test, y cuando llegaron también eran falsos: mascarillas que contagian a nuestros sanitarios y test sin fiabilidad.
Es bulo el del presidente Vara que a finales de marzo decía «no hay residencias que en este momento tengan una situación acuciante en la que debamos intervenir», cuando la realidad es que muchos, por no decir la mayoría, de los fallecidos en Extremadura eran personas que residían en ellas; como en la Asistida de Cáceres, con más de setenta muertos. Y falso es, en definitiva, Sánchez presumiendo, en medio de esta crisis sanitaria, social y económica, de que un estudio da a España «la puntuación más alta de entre los países occidentales en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia», cuando la realidad es que ese estudio, y otros, valoran mejor la gestión de la crisis en otros países.
Por favor, preocúpense de los bulos de los responsables de la gestión, de la improvisación de las medidas, de rectificación tras rectificación; preocúpense de todo eso que dinamita la confianza de los ciudadanos, que es fundamental en estos días tan duros, y el resto de los bulos déjenselo a la Justicia que, según nuestra Constitución, es la única que podrá «acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información»; ¿o es que también ahora tratan de suplantar al Poder Judicial, como han intentado en otras ocasiones?
*Ingeniera agrónoma y diputada del PP.
