La reacción del Estado de Israel a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que recuerda que los asentamientos judíos en territorio ocupado palestino son ilegales ha sido furibunda: ha amenazado con represalias a los países que votaron a favor de la resolución, España entre ellos. Después de convocar a los embajadores el día de Navidad (una afrenta en términos diplomáticos), por ahora, según informó el Ministerio de Exteriores israelí, se cancelan los viajes de delegaciones israelís a España y de españolas a Israel. Un castigo simbólico -rodeado, eso sí, de un gran despliegue de aspavientos- para una resolución sin efectos prácticos y que, en realidad, lo que hace es recordar una obviedad: que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados son ilegales según la legislación internacional, que prohíbe la transferencia de población del país ocupante a la zona ocupada. Eso es exactamente lo que lleva haciendo Israel con total impunidad desde la guerra de 1967. La iracunda reacción israelí es típica del Estado hebreo, que con el beneplácito de la comunidad internacional se ha colocado a sí mismo por encima de la legislación internacional. Los asentamientos no solo son ilegales, sino que constituyen uno de los principales obstáculos para el proceso de paz que oficialmente aún se basa en la solución de dos Estados viviendo uno junto al otro en paz y en seguridad. Por mucho que se enfade Israel, no por ello legalizará las colonias.
