La puesta en libertad de Francisco Gómez Simón, porque han pasado cuatro años desde que se confesó autor del asesinato de tres personas en Benifallim (Alicante) sin que se le haya juzgado como presunto autor de ese crimen, es otro síntoma inquietante de que nuestro sistema judicial no funciona. El sospechoso Gómez Simón no se beneficia de la duda de si es o no el autor del asesinato, sino de la ley garantista que establece los plazos máximos de prisión preventiva.
Todo apunta a que estamos ante un nuevo ejemplo de indolencia. Por el juzgado que entiende del caso en Alcoy han pasado tres magistrados en cuatro años. Tampoco han valido las actuaciones de los fiscales ni las de las acusaciones privadas para asegurar que el asunto se juzgara en tiempo razonable. Sólo cuando se han conocido todas esas circunstancias desfavorables ha reaccionado el Consejo General del Poder Judicial. Ha optado por decir que se trata de un hecho excepcional, que atribuye al modelo de provisión de plazas de jueces y a la falta de inversión pública en la Administración de justicia. Es la peor excusa que podían dar: un reo confeso se les va sin juzgar y aún pretenden que no es asunto suyo.
