Como es tristemente habitual, en la polémica sobre la fecha de celebración de los exámenes extraordinarios de Secundaria, se ha optado por descalificar al discrepante en vez de rebatir el argumento. Así, el secretario de Educación, Angel Benito, ya intuye "intereses políticos" en las asociaciones de padres que piden una alternativa a junio. En el caso extremo, por demostrar, de que así fuese, ¿carece él mismo de esos intereses? ¿no es, acaso, un cargo político?

Otra aseveración es que los de la concertada --anatema caiga sobre ellos-- quieren exámenes en julio para cobrar ese mes a los alumnos. Tal supuesto interés, igualmente por demostrar, es fácil de frustrar: que la consejería articule ese mes como hábil para que los profesores den clases de apoyo --pagándoles, claro--, y así, los centros concertados no podrán cobrar al alumno, como no cobran, por ejemplo, por febrero.

Por otra parte, si a principios de junio ya se sabe quién aprueba y quién no, será porque se hurtan al calendario escolar 25 días, es decir, un 14%.

Finalmente, Benito aseguró que los exámenes de septiembre no valen, y si antes había algún aprobado era por el deseo del profesor "de aprobar a alguien". Cabría preguntarse si este tipo de actuaciones eran generalizadas, y si quien esto afirma las practicó o consintió en su época de docente, porque el asunto es muy grave.