La visita del diputado extremeño del PP Juan Antonio Morales a la fundación Francisco Franco el pasado 2 de diciembre en Madrid --junto al alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo-- para recibir un premio por incumplir la ley de memoria histórica y su lucha por no retirar los vestigios franquistas honrando así la figura del dictador, supone un error de bulto. El propio PP así lo ha reconocido, tachando el comportamiento de «injustificable» e indicando que pedirá explicaciones a los protagonistas, más si cabe a Juan Antonio Morales por cuanto que no sólo ocupa escaño en la Asamblea de Extremadura, sino que es secretario general del partido en la provincia de Badajoz, además de miembro de la ejecutiva regional. Estas responsabilidades suponen generarle un problema al PP por mucho que Morales justificara ayer en una red social que su presencia en el acto de la fundación franquista fue «a título particular», una excusa que no puede aceptarse por cuanto que él no se desprende de sus cargos en un acto público o semipúblico por mucho que lo desee. Un partido democrático como es el PP, más si cabe en Extremadura donde la actual dirección ha huido de estereotipos del pasado atribuidos por otros, no puede permitirse que se relacione a sus dirigentes con determinadas instituciones que aún hoy defienden los valores de una dictadura.
