No ha hecho falta esperar mucho para comprobar que acertaban quienes temían que los meses que faltan hasta las elecciones generales serán demasiado pesados para el Gobierno. Y es que cada día que ha transcurrido desde las municipales le ha traído a este una mala noticia. La última, y probablemente la peor de todas hasta el momento, ha sido el informe de la Comisión Europea. Bruselas ha pedido a Madrid que suba el IVA y los impuestos sobre la energía para compensar la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social, que la Comisión considera necesaria para alentar la creación de empleo. También ha expresado preocupación por el estado de las cuentas regionales y por el retraso en el saneamiento de las cajas de ahorros, y asimismo ha dicho que las previsiones oficiales de crecimiento son excesivamente optimistas. En definitiva, ha dado un palo muy fuerte a nuestro Gobierno.

La respuesta de los mercados --cuya opinión es aún menos agradable que la de Bruselas-- no se ha hecho esperar: nuestra prima de riesgo está otra vez en los 230 puntos. Y a nadie se le escapa que subirá aún más si los dirigentes europeos no logran impedir, y tienen cada vez menos tiempo para hacerlo, que Grecia entre en suspensión de pagos o tenga que reestructurar su deuda externa.

Si se hubiera hecho a tiempo y con acuerdo entre las partes, la reforma de los convenios colectivos podría haber dulcificado el informe de Bruselas. Pero tampoco eso ha salido bien. ¿Por culpa del PP y de sus empresarios más afines? Es muy posible. Porque esa misma voluntad de golpear al Gobierno aun a costa de reducir la credibilidad financiera de España también está detrás de la denuncia de que Castilla-La Mancha está en quiebra.

Se diría que Mariano Rajoy ha apostado al adelanto electoral por la vía de la tremenda, convencido, al parecer, de que eso no le va a costar votos. Pero asusta pensar que más allá de eso no hay nada, que nuestra derecha carece de plan serio alguno para salir del agujero, que se limita a aplicar la táctica de la tierra quemada contra un Gobierno que carece de medios para impedirlo.