WQw uien crea que el trámite para elegir la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares (uno de cuyos candidatos es el municipio cacereño de Albalá), está en su fase final podría estar equivocado. Primero fue el bodevil protagonizado por el ministro de Industria Miguel Sebastián, afirmando que sería la localidad valenciana de Zarra la que acogería la instalación, después se desdijo y finalmente afirmó que todavía no hay un candidato preferente. Pues bien, en los últimos días ha surgido otro impedimento para resolver a qué municipio adjudicar el ATC porque la organización ecologista Greenpeace ha encontrado respaldo en la Audiencia Nacional al impugnar el proceso de selección. Según Greenpeace le han faltado informes técnicos y de seguridad que los convenios internacionales firmados por España exigen.
Esta impugnación supondrá una nueva demora, aun contando con que el Ministerio de Industria pueda convencer a la Audiencia Nacional de que el modo para elegir dónde poner el ATC es tan excepcional que puede saltarse los requisitos a los que aluden los ecologistas.
El caso es que este asunto del ATC no termina de aclararse. Y eso que corría prisa, porque cada día que pasa sin acoger los residuos de las centrales españolas, Francia exige un ´alquiler´ de 60.000 euros. Industria siempre pregonó que solo se guiaría por criterios técnicos para designar el emplazamiento, pero pasa el tiempo y la ubicación del cementerio de residuos continúa en el aire.
