WEw staba escrito que ETA, pese a los duros golpes policiales recibidos desde que rompió la tregua, iba a acabar por perpetrar un atentado. Lo advirtió el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al asegurar que el silencio de Batasuna era el presagio de un atentado de los terroristas. I así fue, ocurrió el pasado viernes contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya) con un coche bomba y, afortunadamente, solo tuvo como consecuencia dos heridos leves.

La banda, no obstante, dejó patente su capacidad destructiva y demostró que cuenta con un aparato logístico capaz de cargar una furgoneta con explosivos, hacerla estallar sin aviso previo ante un cuartel y preparar la huida del comando en un vehículo que luego es también destruido para borrar pistas.

La acción demuestra que, pese a la evidente debilidad de la banda terrorista, todavía es capaz de poder organizar golpes de mano que pueden llegar a resultar extremadamente sangrientos. Resulta estéril especular sobre si el comando que el viernes atentó en Durango quería o no causar víctimas mortales. Lo cierto es que ETA recurrió al método del coche bomba y no al más fácil del tiro en la nuca de alguien sin protección.

Ante el atentado solo cabe la condena sin paliativos, la solidaridad con los dos guardias heridos y la exigencia de que los violentos sean política y socialmente aislados. Que el atentado sea el primero que se produce desde que ETA comunicó, el 5 de junio, el final del alto el fuego no debería servir para abrir fisuras entre las fuerzas democráticas. Al contrario, ahora más que nunca hace falta olvidar el agrio periodo de enfrentamiento entre el Partido Popular y el Gobierno y volver a la unidad frente al terrorismo. La reacción de ayer de los populares fue de una notable templanza, que es de agradecer.

Y la del Gobierno, como no podía ser de otra manera, fue de dureza contra los terroristas y su entorno. La vicepresidenta Fernández de la Vega fue explícita al decir que el Ejecutivo trabaja para que ETA y sus aliados "terminen todos en la cárcel".

Era una amenaza directa a los grupos que se niegan a condenar barbaridades como la de ayer. Es el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV), formación que estuvo en el centro del debate político en las recientes elecciones municipales. Solo por no condenar el atentado no puede ser ilegalizada, pero es un antecedente que puede y debe tomarse en consideración.

Por lo demás, el atentado, pese a carecer del dramatismo de cuando se producen víctimas mortales, vuelve a sembrar de desesperanza el País Vasco, una comunidad que debe reaccionar otra vez contra quienes tratan de imponerle su futuro por las armas.