La compañía aérea Air Comet ha echado el cierre y, como estaba previsto presentó ayer un expediente de regulación de empleo para el total de la plantilla (640 trabajadores). Tras meses de agonía, la empresa está en quiebra, con deudas de 16 millones a la Seguridad Social, 17,2 millones impagados al banco alemán Nord Bank y 2,5 millones adeudados en nóminas a los asalariados.

Esta historia no dejaría de ser una de las muchas que se producen en tiempos de crisis como los que sufrimos si no fuera porque uno de los propietarios de Air Comet es Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE. La quiebra tampoco es una más, porque, además de los despidos de los trabajadores, la compañía, a la que el Ministerio de Fomento suspendió la licencia de vuelo, deja tirados a unos 7.000 pasajeros, que ya tenían billetes comprados o que incluso ya habían efectuado el viaje de ida y estaban pendientes del de vuelta, sobre todo desde América Latina.

En el primer caso, es imposible que los problemas en sus negocios --Díaz Ferrán debe también 26,5 millones a Caja Madrid, entidad de la que es consejero, y negocia la venta del grupo Trapsa de líneas de autobús-- no repercutan en su cargo de presidente de la patronal, aunque, en principio, sean cuestiones independientes. Los sindicatos de Air Comet, desde UGT al SEPLA, ya amenazan con pedir la "inhabilitación profesional" de Díaz Ferrán para que "no salga indemne una vez más".

El pasado día 16, en plena crisis de Air Comet y tras trascender que el citado crédito de Caja Madrid no lo estaba pagando, el presidente de la patronal puso su cargo a disposición de la ejecutiva de la CEOE, que lo ratificó por unanimidad, pero las repercusiones del cierre de la compañía pueden aún dañar la imagen de la patronal.

En el segundo caso, Fomento ya está cumpliendo el compromiso de fletar aviones (ayer fletó cuatro) o de recolocar en otras líneas aéreas a los pasajeros --objetivo que, por las especiales características de estas fechas no es fácil de cumplir--, con especial atención a las situaciones de necesidad y humanitarias.

Aunque el ministerio se esfuerce en diferenciar las dos situaciones, el caso de Air Comet recuerda demasiado al de Air Madrid, que dejó a miles de pasajeros en tierra en el 2006, cuando se le impidió volar por fallos de seguridad. Ahora el problema es solo económico, pero las consecuencias para los viajeros son las mismas. Por eso es oportuno el expediente abierto por Fomento a Air Comet por infracción muy grave en la seguridad del servicio, que puede acabar en una multa de 4,5 millones. Pero la duda es: ¿quién la pagará? ¿Y quien pagará los gastos en que está incurriendo el ministerio para recolocar a los pasajeros de la compañía de Díaz Ferrán?