La declaración de Juan María Atutxa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su negativa a acatar la orden del Supremo de disolver al grupo parlamentario Sozializta Abertzaleak es un grave hecho político. Y como tal añade crispación al complicado enfrentamiento entre las instituciones vascas y el Gobierno del PP, que discurre sobre un trasfondo de controversia constitucional y de manipulación de los instrumentos jurídicos para dirimir batallas políticas. El trámite judicial era insoslayable, y así lo entendió Atutxa al comparecer junto a los diputados Gorka Knör y Kontxi Bilbao, quienes también declararon. Pero algunos juristas defienden la imposibilidad de llevar a cabo la disolución ordenada por el alto tribunal al distinguir entre los partidos ilegalizados que apoyan a ETA y sus grupos parlamentarios. Conviene pues, cuanto antes, que esta querella contra Atutxa reemplace la frontera entre los poderes judicial y ejecutivo, peligrosamente desdibujada por la ofensiva de Aznar contra el nacionalismo vasco. Entre otras razones, para evitar que quienes buscan abiertamente la confrontación, como Arzalluz, encuentren razones para capitanear una campaña social de insumisión a las leyes.
