A raíz de los casos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, la opinión pública ha centrado su atención en los másteres que imparten las universidades. Hay que puntualizar que bajo un mismo nombre -ahora maldito- se agrupan dos estudios de naturaleza distinta. Tradicionalmente, los másteres eran títulos propios de especialización profesional que otorgaban las universidades y que basaban su éxito en el prestigio profesional que recogían. A raíz de la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), existen también los másteres llamados «universitarios» u «oficiales».

Se trata de un intento de las universidades europeas de incorporar la lógica de los planes académicos anglosajones que se basan en unos grados relativamente cortos, de tres años, y con un escaso nivel de especialización en los que se afianza la formación básica de los alumnos para adaptarse posteriormente a las exigencias cambiantes del mercado laboral a través de los másteres, de dos años.

Con esta medida, Europa pretendía tres cosas: preservar la calidad de la enseñanza universitaria, acercar la formación a las necesidades de las empresas y favorecer la movilidad de los estudiantes. En los países de larga tradición de este sistema, se da por descontado que el estudiante cursa el grado que mejor encaja con sus expectativas y lo completa con uno o varios másteres a lo largo de su vida, que sigue allí donde tengan mayor calidad en su área de especialización.

La adaptación hispánica de este sistema ha estado llena de accidentes y de impotencias por parte de la Aministración y de las propias universidades: se ha hecho una adaptación sui géneris del modelo con grados de cuatro años (muy especializados) y másteres de uno o dos años (con una reiteración de la oferta que revienta la lógica de estos estudios); no se atendió en su momento la petición de los rectores de que el título de máster se reservase únicamente a los oficiales y controlados por las agencias de calidad; no se estableció una política de becas ni en los precios ni en el apoyo a la movilidad; no se dotó a las universidades de un marco financiero y laboral adecuado para evitar la creación de títulos orientados meramente a la supervivencia económica o laboral...

Cristina Cifuentes ha rematado a una titulación moribunda.