Desde finales de agosto del 2018 mi madre reside en Barcelona en una residencia privada porque no puede acceder a una pública. En enero de este año se le hizo una evaluación para verificar su grado de dependencia. Asistí como hija y comprobé que prácticamente todas las preguntas hacían hincapié en el aspecto físico. No se valoró su deterioro cognitivo: no sabe llevar un control básico de sus cosas, guarda alimentos por los armarios, sabe leer pero no comprende nada de lo que lee, es incapaz de interpretar las noticias por mucho que vea la televisión, no recuerda que se tiene que cambiar de ropa, hay que avisarla de que es hora de comer o de cenar, no puede ir sola a ningún sitio porque no sabe volver, no reconoce a sus nietos... Mi madre camina a pasos agigantados hacia el alzhéimer, pero eso no se reconoce en los grados de dependencia hasta que está bastante avanzado, y por lo tanto no tiene derecho a ningún tipo de ayuda ni puede estar en la lista de espera para acceder a una plaza pública. Todas las personas que nos relacionamos con ella nos damos cuenta de su deterioro, pero el resultado de la valoración es un «deterioro cognitivo de grado 1».
