En el fondo del debate sobre las agresiones a profesores en centros de educación públicos subyace, por un lado, el progresivo deslizamiento que el principio de autoridad ha experimentado en las últimas décadas hacia una condescendencia cada vez más alta de las familias con sus hijos. Tiene que ver, esta circunstancia, con un aumento de la protección paterna que muchas veces no contempla al docente como un aliado en la educación sino como un elemento externo y, a veces, hostil. Entrarían aquí en liza factores diversos como la extracción social, el entorno de los centros y una cierta percepción de la debilidad en la que se mueven los profesores en un ambiente más proclive a la dispersión que a la concentración.

Por otro lado, tanto las últimas sentencias judiciales como los proyectos del PP inciden en la necesidad de que el profesorado sea considerado como agente de la autoridad, con lo cual se pretende, al menos en apariencia, incrementar la pena que supondría una agresión física y reforzar su propia consideración pública. Así las cosas, puede darse el caso de padres ingresados en prisión, como publica hoy EL PERIODICO, una solución drástica (solo hay un caso) que no es seguro que ayude a arreglar el conflicto.

Como advierten los expertos, conviene antes poner el acento en la renovación de determinados valores que incrementen la percepción de un esfuerzo conjunto entre la familia y los docentes que no incentivar políticas autoritarias o simplemente coercitivas.