El inmenso esfuerzo que ha hecho la sociedad española contra el covid-19 ha dado finalmente sus frutos. El número de contagios se ha contenido, los ingresos en las ucis se han controlado y el número de muertos se ha frenado. El confinamiento ha comportado sacrificios personales, económicos, sociales y políticos. Pero la baja tasa de contagiados demuestra que, por parte de la población, se han seguido las instrucciones de la autoridades aunque fueran más o menos acertadas. El desconfinamiento es más complicado porque no es una estrategia de todo o nada sino de progresividad. De lo que se trata no es de ir muy deprisa sino de evitar sobresaltos que nos obliguen a retroceder. El Gobierno, en demasiadas ocasiones, da muestras de dudas en este sentido. Ha pasado con las idas y venidas con las mascarillas, por ejemplo. Aunque también es cierto que se explica por la complejidad de esta pandemia y por la necesidad de ser flexible ante determinadas demandas.

Una deriva peligrosa en esta etapa de desescalada es convertir el ritmo del desconfinamiento en un enfrentamiento territorial y, aún peor, en una contradicción irresoluble entre medidas sanitarias y medidas económicas. En el primer caso, quienes lo plantean en estos términos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, confían poco en la inteligencia de los ciudadanos a los que sirven. De igual manera, el coste de una recaída puede ser aún mayor que el coste de seguir unos días más de confinamiento. Los empresarios sensatos también lo saben y actúan en consecuencia en la elaboración sus propios planes de contingencia. Otra cosa es que haya que ser sensibles a determinadas demandas ante medidas que, según como se apliquen, pueden poner en jaque a sectores económicos decisivos como puede ser el caso del turismo. Urge aclarar qué va a pasar en las próximas semanas con la anunciada cuarentena a todos los viajeros que aterricen en España. Sanidad aboga porque se prolongue hasta el fin del estado de alarma pero esa posibilidad choca con la posición de la Unión Europea y puede poner en riesgo la competitividad respecto a otros mercados turísticos. Seamos cautos, pero no más cautos que nuestros socios europeos.

Para la economía española un retroceso tendría graves consecuencias. El Banco de España señaló ayer que considera improbable el escenario más optimista que había barajado y cifra la caída del PIB en el 2020 entre el 9,5% y el 12,4%. Una debacle de la que no nos recuperaremos plenamente en todo el año 2021. La crisis económica vinculada la pandemia no será una V sino una U con una base más pronunciada. Es lógico que algunas voces, ante este escenario, aboguen por acelerar la salida del confinamiento. Pero, no nos engañemos, el coste de arrancar y parar siempre es mayor que el de una aceleración progresiva y continua. Más que darse prisa, quizá lo importante es prepararse para esa recuperación. Tanto las empresas como las mismas administraciones. El mismo Banco de España ha pedido un plan de consolidación fiscal y de reformas. Lo primero será mucho más duro sin lo segundo, pero las reformas son imposibles sin grandes acuerdos sociales y políticos, eso ya lo vivimos en el 2008.