El recorte de las ayudas comunitarias propuesto por el comisario de Agricultura Franz Fischler va a hacer mucho daño al campo extremeño. Las previsiones iniciales apuntan a que se dejarán de ingresar más de 200 millones de euros y que 16.000 agricultores de esta comunidad se verán afectados por la nueva Política Agraria Común (PAC).

El panorama que se avecina es muy preocupante. Las organizaciones agrarias alertan de que habrá un importante abandono de tierras y desde la Administración autonómica se pide al Gobierno que ejerza el derecho de veto para evitar esa merma de ingresos procedentes de Bruselas. Si bien las ayudas no agrarias estarán garantizadas durante más de una década (sólo Extremadura y Andalucía no quedan excluidas con la ampliación de la UE), es hora de pensar qué solución se le da a las miles de familias que sin la ayuda comunitaria no son capaces de sacar adelante su explotación.

No hay prisas, pero tampoco se puede demorar en exceso la búsqueda de alternativas, dirigidas como han de ir a asentar a la gente del campo en el medio rural en que habitan. De lo contrario, no podremos evitar que los municipios extremeños continúen despoblándose.