La consejera de Sanidad señaló el pasado lunes que la Administración regional está haciendo frente a las primeras ayudas en aplicación de la ley de dependencia. Un centenar de extremeños, considerados grandes dependientes, perciben ya una subvención mensual de entre 570 y 780 euros mensuales y con carácter retroactivo desde el mes de abril. La Junta calcula que en la región existen alrededor de 6.700 personas que, por sus características, tienen derecho a percibir esa ayuda y afirma que antes de fin de año los servicios técnicos habrán terminado de evaluar las más de 13.500 solicitudes presentadas. A partir de entonces, y una vez determinado el grado de dependencia de cada solicitante, lo que quedará es irlos incorporando al grupo de perceptores.
La ley de dependencia necesitaba que sus beneficios fueran realmente percibidos por los dependientes y sus familias. Hasta ahora, y para referirse a ella, se han empleado calificativos que remitían a las grandes expectativas que levantaba, entre los cuales no era el menos utilizado --y acertado-- el de que es la herramienta que pone en marcha el cuarto pilar del Estado del bienestar. Y es así, en efecto: esta ley puede suponer una extraordinaria ayuda para mejorar las condiciones de vida de muchas personas, y de muchas familias, que están en situaciones difíciles por su discapacidad o, sencillamente, por su vejez. Pero había que empezar a hacer realidad las expectativas. Lo importante ahora es que las ayudas se automaticen cuanto antes y los beneficios de esta ley lleguen a todos los que los merecen sin más esperas.
