Aligerar los efectos de la llamada pobreza energética, en la que se encuadran los hogares que gastán más del 10% de sus ingresos en combustibles, es una una necesidad que las administraciones se ven obligadas a asumir a medida que suben los precios de los suministros y la precariedad ciudadana se dispara. La pobreza enérgetica viene de la mano de las muchas privaciones de la población española. Según el estudio de las condiciones de vida de Euroestat, este nueva lacra afectó a cuatro millones de españoles en el 2012. En muchas ocasiones esta carencia se encuentra estrechamente vinculada a las malas condiciones de alojamiento, sufridas por personas que están realquiladas o en locales sins sumnistro energético. Según el Idescat, en el 2011, un 26,7% de la población catalana tenía dificultad para mantener la vivienda en uan temperatura adecuada.

Ante esta creciente precarización, en la que el pago de la luz, el gas o el agua pasa a un segundo plano, impedir el corte del suministro de electricidad a las familias más pobres, técnicamente definidas como de "renta suficiente", representa un paréntesis. Pero la deuda adquirida bajo los rigores del invierno solo queda aplazada, sin que se haya abordado qué hacer entonces con estas rentas tan bajas o qué hacer con aquellas que siendo superiores tampoco alcanzan a financiar estos pagos. El mantenimiento del alto índice de paro no plantea mejores expectativas para una amplia franja de la población que ya se mueve en el alambre.