Los ayuntamientos españoles -más de 8.000, casi 400 de ellos extremeños-- están temiendo ser los paganos de la crisis. La propuesta de financiación que les ha hecho llegar Solbes supone un recorte de fondos, si bien maquillado por el atraso en el pago de entregas a cuenta correspondientes a la liquidación del año 2007. El Estado debe a los municipios entre 6.000 y 7.000 millones de euros (200 a los extremeños) correspondientes a servicios cuya titularidad pertenece a otras administraciones (sobre todo, a la autonómica) pero cuyos gastos asumen. El malestar está sobradamente justificado. Incluso hay alcaldes --alguno está en huelga de hambre en Andalucía-- que están dispuestos a dar un puñetazo en la mesa para que su voz se oiga más allá de las reuniones entre el Gobierno y la FEMP.
Los municipios españoles son el eslabón más débil en la estructura administrativa y política de nuestro país: no eso solo porque únicamente reciben el 17% de los fondos públicos, sino porque su capacidad para influir en el devenir de un gobierno es menor que la de las autonomías. Basta para comprobarlo, como afirma el alcalde de Villafranca Ramón Ropero, representante de los municipios españoles en la Comisión de Hacienda de la FEMP, que en los 30 años de democracia ha habido cinco modificaciones de la financiación autonómica, por ninguna de la local. Precisamente en estos momentos es otra modificación autonómica la que corta el paso a la posibilidad de que los municipios reciban una justa parte del pastel de los fondos públicos. No hace falta ser muy avisado para temer que, en esa ocasión como en las anteriores, la financiación local se quedará con las migajas.
