WEw l Ayuntamiento de Badajoz está pasando por una situación comprometida debido a la protesta que están llevando a cabo agentes de la Policía Local, los cuales están descontentos de sus condiciones laborales y económicas y piden, además de más sueldo, mejores dotaciones y más personal. Hasta aquí todo sería normal dentro de los márgenes de un Estado de derecho, en el que están amparadas por las leyes las protestas y las presiones para obtener mejores condiciones en el trabajo.

Sin embargo, los policías locales han encontrado una forma de protestar inusual: pedir la baja médica, un modo de faltar al trabajo que, en una situación de conflicto, bien puede equipararse al de una huelga encubierta, precisamente en un colectivo que, por su naturaleza, no tiene reconocido el derecho a la huelga.

Sale de ojo que haya habido días en que alrededor del 80% de la plantilla prevista para realizar los servicios cotidianos se encuentre de baja médica, sin que haya una causa común que lo justifique. En estas circunstancias lo más lógico es pensar que se trata de una acción concertada. Los representantes policiales lo niegan, pero implícitamente lo admiten al quejarse de que, en el recuento del personal que falta al trabajo, el concejal responsable de la Policía Local, José Antonio Monago, haya incluido "las bajas de larga duración que no tienen nada que ver con el conflicto que estamos viviendo", lo que viene a decir que las últimas bajas sí están relacionadas con el mismo.

Ante esta situación la pregunta es obligada: ¿estamos ante un fraude? La creencia de que así es ha llevado al concejal Monago a manifestar que esa conducta de los agentes la someterá al criterio del fiscal por si se trata de un delito. Monago sabe que esa denuncia tiene pocos visos de prosperar: las bajas están correctamente tramitadas, y mientras haya un facultativo que firme que tal trabajador no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones laborales no habrá caso. Pero ello no puede impedir hacerse otras preguntas que no atañen tanto a los policías como a los médicos o al sistema de vigilancia de la Seguridad Social para evitar que las bajas sean un atajo para no ir a trabajar: preguntas como si los facultativos firmantes de las bajas han comprobado que las causas son reales. No se trata de hacer recaer en los médicos la responsabilidad de evitar un conflicto en el ayuntamiento, sino de esperar de ellos que actúen con rigor. Porque lo que no puede ser es que a partir de ahora la protesta laboral más eficaz y más segura para sus protagonistas sea la de solicitar la baja médica.

Los agentes se quejan de que el ayuntamiento los deje "a los pies de los caballos" ante los ciudadanos al poner el énfasis en el carácter masivo de las bajas. Y le piden "dignidad y respeto". No es extraño que los vecinos no justifiquen una acción como la realizada. Todo el mundo entiende que hay circunstancias que obligan a un colectivo de trabajadores a plantear un conflicto, pero es difícil que los que lo padecen lo apoyen si, además, la fórmula empleada es ventajista.

Al final puede que esos métodos se vuelvan contra los propios agentes y dejen sin resolver los problemas reales del colectivo.