De alguna manera, este jueves pasará a la historia como el día en que España empezó la fase más cruenta de la batalla contra la pandemia del covid-19. En Italia se ha criticado al Gobierno por el el goteo de instrucciones gubernamentales. En España no se ha llegado aún a un escenario similar al italiano, pero la aplicación inmediata de una de las decisiones que mayor impacto tiene en la ciudadanía, como es el cierre de centros educativos, marca un antes y un después.

El objetivo primordial de las administraciones es claro: romper la cadena de contagio para evitar que la propagación exponencial del coronavirus cause un colapso del sistema sanitario. Para ello, las autoridades han emitido un mensaje coincidente: «Unidad, responsabilidad y disciplina social», en palabras de Pedro Sánchez. En un país democrático, a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras o en regímenes de control estricto, buena parte del éxito de una campaña de esta envergadura debe venir del propio proceder de la ciudadanía, que debe asumir los inconvenientes de la vida cotidiana de manera individual para que el colectivo se beneficie. Es el caso del cierre de centros docentes de todo tipo, con lo que ello conlleva de cambios profundos y continuados en el día a día de los entornos familiares.

El civismo de los ciudadanos, su corresponsabilidad, y la unidad de acción de las administraciones son los ejes sobre los que debe pivotar la reacción. En el segundo escenario, el de la economía, tan trascendental como el sanitario, deben actuar los poderes públicos. Ayer hubo varias decisiones. Decepciponó la del Banco Central Europeo de comprar deuda por 120.000 millones, que fue recibida con decepción por los mercados, que sufrieron un batacazo histórico. Su presidenta, Christine Lagarde, reiteró que la primera línea de actuación debe ser la política fiscal de los Gobiernos. En Madrid, Sánchez anunció que movilizará 18.225 millones, un plan que no supone un aumento presupuestario. Es de prever que este plan deba reforzarse ante la magnitud del desafío. Algunas medidas van por el buen camino como que autónomos y pymes podrán aplazar seis meses las deudas fiscales, la utilización del fondo de contingencia para asegurar un suministro adecuado de los productos sanitarios, el establecimiento de líneas de crédito y la protección de los sectores más desprotegidos en especial los menores.

Se trata en esencia de bajar el ritmo durante unas semanas para recuperar el pulso de una sociedad que, hoy por hoy, vive momentos de angustia e inquietud sobre cómo se podrá superar este episodio excepcional sin que se hayan resquebrajado los fundamentos de la convivencia y nuestro tejido social.