El gobierno debería intervenir en la escandalosa subida de los precios en los alimentos, para evitar la gran diferencia que existe entre lo que pagan los consumidores y lo que perciben los agricultores por estos productos. Según un estudio del mes de julio publicado por este periódico, el precio de los alimentos se multipla cinco veces del campo hasta el mercado. Con todo esto los grandes beneficiarios son los intermediarios y los grandes centros comerciales, que disfrutan de unos márgenes abusivos entre lo que compran y lo que venden; en contraste con los bajos salarios y la desregulación de horarios que sufren sus trabajadores, mientras los agricultores tienen que soportar las subidas de fertilizantes y combustibles, y sus productos cada vez valen menos.
El gobierno nos decía que los precios de los alimentos subían por el alza del petróleo, por esa regla tendrían que bajar ahora que ha bajado el petróleo un 22% (el gasoil que ha estado a 1,34 euros debería bajar a 1,06, sin embargo está a 1,25).
El gobierno nos habla mucho de la Constitución cuando le interesa, ¿por qué no aplica el art. 51-1 que dice "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud, y los legítimos intereses económicos de los mismos". ¿Qué prefiere el gobierno, la ley de la selva donde ganan siempre los poderosos?
Mientras tanto los sindicatos mayoritarios no abren la boca en este tema, cuando su misión es defender los intereses de los trabajadores, informándoles y movilizándoles si es preciso para intentar corregir estos abusos.
Francisco Jociles Brixido **
S. Vicente de Alcantara
