En el 2003 murieron en las carreteras españolas 4.032 personas. La cifra es algo superior a la del 2002 y supone un promedio de 11 muertos diarios en accidente de tráfico, que sería mayor si la estadística oficial incluyera los accidentes en vías urbanas. El Gobierno pretende relacionar el dato con el incremento del parque de vehículos. El argumento es endeble, porque en Francia se da el caso contrario: los muertos por accidente han disminuido un 23% pese a circular más coches por sus carreteras. Su fórmula ha sido aumentar el número de radares que imponen sanciones de forma automática. Es una vía disuasiva que ya se ha utilizado con éxito similar en autovías del noroeste peninsular. El Gobierno decidió hace unas semanas aparentar su preocupación por la alta siniestralidad y recurrió a cambiar precipitadamente las normas de tráfico aprovechando el alud legislativo de final de año. Ha sido peor, porque a la ineficacia se ha sumado la confusión (ya decíamos ayer que este tipo de modificaciones se ham mostrado insuficientes y confusas). Pero especialmente poco claros son los cambios que se refieren a las condiciones en que un agente puede retirar el carnet y al calendario de aplicación de cada norma. Es la dirección contraria a la que han tomado otros países de la UE.
