WLw a legislatura que ahora comienza lo hace con temor en Extremadura: la publicación de las balanzas fiscales, que expresan la diferencia entre lo que los ciudadanos de un territorio pagan al Estado en concepto de impuestos y lo que reciben del mismo, ha hecho que los dirigentes políticos regionales levanten la voz --el presidente de la Junta manifestó su discrepancia utilizando un término grueso: calificó de inmoral la publicación de las balanzas- y lo consideren una afrenta. Y ello porque las balanzas son un pasto inmejorable para alimentar un fuego político de agravios, reivindicaciones disgregadoras y llamadas a la insolidaridad con el ropaje del injusto trato estatal infligido precisamente a los más ricos.

Todo ello puede ocurrir, y en este sentido la publicación de las balanzas no hace ningún favor a la cohesión nacional. En la política nada es inocente y, como temen en Comisiones Obreras, los datos que se deriven de las balanzas, al final, se utilizarán como arma arrojadiza contra los más débiles, en este caso contra las comunidades menos desarrolladas.

Cada vez hay más ciudadanos que piensan que España se desliza por la pendiente de la insolidaridad, la cual no se deriva de la publicación de las balanzas fiscales. De hecho ya ha habido alguna entidad financiera y estudios universitarios que se han ocupado de determinarlas y se han publicado sus resultados. El problema viene de lejos, desde aquella primera batalla ganada por Pujol a Felipe González cuando le arrancó que las autonomías recaudaran el 15% del impuesto del IRPF. En este contexto, el compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura de hacer públicas las balanzas fiscales no es más que el último precio a la presión política procedente, en este caso, de Cataluña, cuyos diputados socialistas enfatizaron la misma noche electoral que la mejora de los resultados con respecto a la legislatura anterior se debe en buena parte a los cosechados en su comunidad.

Con todo, el mayor ataque a la cohesión nacional no son las balanzas fiscales ni la recaudación del IRPF, sino la parte del Estatuto de Cataluña que recoge criterios basados en el concepto de balance: tanto aporto al PIB español, tanto tengo que recibir del Estado en inversiones públicas. Esta idea, que la sancionó el Congreso en la pasada legislatura, significa dar carta de naturaleza a las relaciones de bilateralidad entre el Estado y una determinada comunidad autónoma. Por eso tiene razón la vicepresidenta primera de la Junta cuando se opone a la negociación bilateral, porque ahí está la expresión más acabada de la insolidaridad entre los territorios, y no tanto en la publicación de unas balanzas que, entre otras informaciones, contendrá que no son las comunidades con un fuerte componente nacionalista, como la catalana, la que tiene más argumentos para levantar la voz por el injusto trato que le dispensa el Estado recaudador y desalmado.

El panorama no es esperanzador porque el PSC tiene infinitamente más fuerza que la que se pueda ejercer desde Extremadura: Zapatero necesita a los diputados catalanes para gobernar. Por eso mismo no se debería despreciar la posibilidad de que, al menos, el Parlamento extremeño mostrara la posición unánime de la región en contra del camino emprendido. Pero hasta eso es dudoso que se consiga, aunque haya coincidencia de partida entre el PP y el PSOE extremeños.