WLw a persistencia de malos datos económicos en España --el viernes se supo que el PIB solo creció un 0,2% en el segundo trimestre-- y la voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero de no dejar de buscar paliativos a la crisis, pese a que sus días como presidente del Gobierno están contados, están dando lugar a un final de legislatura con múltiples decisiones en este terreno. Algunas de ellas no tan espectaculares como la reforma de la Constitución para consagrar el equilibrio presupuestario, pero igualmente trascendentes. Es el caso de la suspensión durante dos años, decidida por el Consejo de Ministros, del artículo del Estatuto de los Trabajadores que obliga a las empresas a hacer fijos a los asalariados que encadenen contratos temporales por un periodo superior a 24 meses. Un giro copernicano en el fomento del empleo estable que en los últimos tiempos ha propugnado el Gobierno. Lo que el ministro de Trabajo llamó 2las circunstancias" --es decir, el empeoramiento de la situación-- ha llevado al baño de realismo de "preferir un trabajador temporal antes que un parado". Es posible y deseable que la medida cree, efectivamente, puestos de trabajo, pero al mismo tiempo prolonga una fórmula de la que se ha abusado tanto que se ha pervertido, como denuncian los sindicatos. La creación de empleo estable y de calidad sigue siendo hoy un objetivo que no se adivina en el túnel por el que transita la economía española.
