Hay amplio consenso para endurecer las leyes que castigan la delincuencia habitual en España, desde los robos hasta la violencia doméstica. Por ello, el futuro Código Penal permitirá utilizar con mayor profusión la prisión provisional para sacar de la calle, o del país, a los delincuentes reincidentes. Atendiendo una demanda social evidente, los jueces dispondrán a partir de ahora de instrumentos que acaben con la sensación de que en comisarías y juzgados se pasa por una puerta giratoria desde que alguien es detenido hasta que vuelve a la calle.
La necesidad de eliminar la impunidad no debe desdibujar el límite que el Gobierno ha de respetar al atajar este problema. La exigencia constitucional de reinsertar a los delincuentes y de garantizar la presunción de inocencia no debe ser relegada en absoluto aunque exista la consigna del presidente del Gobierno, José María Aznar, de "barrer las calles".
Si se plantea la necesidad de aumentar los castigos penales en el país de la UE que cuenta con más presos, también debería debatirse por qué se ha gastado menos de lo necesario en tener suficientes policías y jueces. Con una mejor labor preventiva quizá se podría haber evitado que la próxima gran inversión se haga en cárceles.
