WLwa convocatoria de un macrobotellón ilegal el pasado 11 de marzo en la plaza de San Atón de Badajoz no fructificó por el civismo de los jóvenes y por las medidas policiales que se adoptaron. En Cáceres, la cita está convocada el 23 de marzo en la plaza Mayor y convendría que se tomaran las medidas necesarias para que no se reproduzcan los acontecimientos del pasado fin de semana en Salamanca y Barcelona, donde hubo 81 heridos y 70 detenidos, al margen de cuantiosos daños materiales en bienes públicos y privados.
La convocatoria rebelde había corrido por toda España en mensajes de internet y móvil, y tuvo seguimiento desigual. En Granada y Sevilla, las autoridades optaron por dar facilidades a la concentración juvenil. En otras capitales, hubo vigilancia discreta. Los altercados más graves se produjeron en Barcelona. Allí se avisó desde el primer momento de que la ordenanza vigente prohibe beber en la calle. ¿Se habría evitado la salvajada de la madrugada pasada si se hubiera permitido la macrofiesta? Quizá sí, pero a un precio también muy alto: la cesión ante los grupos antisistema que buscan cualquier atisbo de autoridad --democrática, legal y consensuada con los vecinos-- para buscar el enfrentamiento.
