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La batalla social en Francia

 

Francia vive la que puede ser la segunda gran protesta social contra Emmanuel Macron, esta vez para rechazar la reforma de las pensiones que está pendiente en Francia al menos desde 1995, cuando una gran movilización, con huelgas durante un mes, consiguió la retirada del proyecto del Gobierno de Alain Juppé y la caída del primer ministro de Jacques Chirac. Ahora, tras un intento fallido de Nicolas Sarkozy, Macron lo vuelve a intentar. Este jueves se iniciaron las huelgas -algunas se pretenden indefinidas- y hubo manifestaciones en casi 300 ciudades, la mayor en París, algunas con incidentes, como ya viene siendo habitual desde la aparición del movimiento de los chalecos amarillos.

La huelga es preventiva porque solo se conocen las líneas generales de la reforma. La protesta es también engañosa porque huelguistas y manifestantes pertenecen a los sectores mejor tratados en el sistema de jubilaciones en Francia, donde, además del régimen general, hay 42 regímenes especiales que benefician a funcionarios (civiles y militares), trabajadores de transportes (ferrocarriles y metro, entre otros) y algunas profesiones liberales como los abogados. Sobre 17, 2 millones de pensionistas, los privilegiados son 1,1 millones (un 6%), pero son los que más se oponen a la reforma. Las huelgas afectan sobre todo a los trenes, el transporte aéreo, el metro de París, la educación y la sanidad.

La reforma en Francia es inaplazable, igual que ocurre en otros países, como España, donde la modificación del sistema de las pensiones, para la que se dispone del instrumento del Pacto de Toledo, también está pendiente de la formación de Gobierno y es una de las prioridades de la próxima legislatura. En nuestro país es un problema recurrente desde hace años, agravado por la polarización política y por la inestabilidad gubernamental desde hace al menos cuatro años, en los que el déficit no ha dejado de aumentar y la hucha de las pensiones ha quedado reducida a la nada.

En Francia, sin embargo, la situación es mucho mejor, aunque se produzca la paradoja de que el 76% de los franceses apoya la reforma del sistema al mismo tiempo que un 70% sostiene las protestas. Macron propone una medida indiscutible: suprimir los 42 regímenes especiales para pasar a un sistema universal por puntos igual para todos, que se conseguirían según las cotizaciones, pero no se plantea ni el retraso de la edad legal de jubilación, que ahora está fijada en 62 años con un mínimo de cotización de entre 41,9 y 43 años. La pensión plena se obtiene a los 67 años. En los regímenes especiales, sin embargo, los trabajadores se jubilan antes de los 60 años (hasta 52 en algunos) y perciben una pensión mayor (la media en el metro de París es de 2.300 euros brutos mensuales frente a los 1.400 de la media nacional).

Aunque el Gobierno está abierto a aceptar modificaciones en un proyecto aún no aprobado, que ha sido consultado con los agentes sociales, Macron ha repetido que no retirará la reforma. Habrá que ver si mantiene su palabra y su promesa electoral porque en este envite se juega gran parte de su apuesta reformista.