El volumen del saqueo del Palacio de la Música de Barcelona y del Orfeón Catalán por parte, presuntamente, del que fuera presidente del primero, Félix Millet, y director de la Fundación del segundo, Jordi Montull, no fue motivo suficiente para que el juez que se ocupa del caso, dictara ayer órdenes de más envergadura que la simple libertad con cargos. La petición de las acusaciones de acordar prisión provisional cayó en saco roto. Con independencia de que la decisión del juez se atenga a derecho, y de las razones que hayan alimentado su benevolencia, lo cierto es que las implicaciones del caso --financieras, sociales y políticas--; la cuantía de lo defraudado; y las investigaciones en curso hacían pensar en medidas más severas. En todo caso, el reembolso de una parte del dinero sustraído por Millet y Montull de los caudales que debían administrar se antoja una pobre atenuante para justificar el desenlace de la primera declaración de ambos. Si a todo ello se suma que el juez ha tardado tres meses en citar a declarar a los imputados, es harto comprensible la sorpresa por las medidas que ha dictado. Dicho todo lo cual, hay que aceptar que las decisiones adoptadas por el juez responden a la independencia de juicio y actuación que corresponde a los tribunales y, en consecuencia, deben respetarse. De la misma manera que debe exigirse la mayor celeridad en la instrucción del caso. Las repercusiones que ha tenido hasta ahora, y las que previsiblemente alcanzará en el futuro, justifican esta exigencia para evitar que el principio de ejemplaridad quede sepultado en un rosario de demoras procesales.
