Joaquim Benítez, el pederasta confeso condenado a 21 años y 9 meses, seguirá en libertad provisional con medidas cautelares y orden de alejamiento de las víctimas hasta que la sentencia condenatoria sea firme. De este modo, la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha rechazado la solicitud de las víctimas, la fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que pedían el ingreso inmediato de Benítez en prisión. La audiencia ha considerado que «no se aprecian razones objetivas» para la «excepcionalidad de la prisión provisional». Si bien es cierto que Benítez confesó su delito, que no ha huido durante los tres años que ha durado la investigación y que ha explicitado de forma reiterada su voluntad de cumplir la condena, las acusaciones veían en su libertad un importante riesgo de fuga, de reincidencia o de que el condenado pudiera suicidarse. La Audiencia ha actuado según jurisprudencia del Constitucional y del Supremo y ha primado el derecho de no restringir la libertad del penado. Además, por ley la cárcel en España no busca el castigo, sino la reinserción. Pero no deja de llamar la atención la discrecionalidad con la que cada juez aplica la prisión preventiva. Más aún en un caso que ha creado un gran impacto social. Inevitablemente, esta decisión ha vuelto a suponer un nuevo golpe de tristeza, impotencia e indignación para las víctimas. Una vez más, frente a su dolor y sus secuelas, sienten la desprotección y la incomprensión de una parte de la sociedad.
