Tras superar numerosas acusaciones en los 18 años que lleva en la política con todo tipo de artimañas, desde leyes ´ad personam´ hasta subterfugios, pasando por la inmunidad parlamentaria, Silvio Berlusconi ha recibido el peor golpe que podía imaginar. Una juez ha dictaminado que lo envía a juicio por procedimiento de urgencia por los presuntos delitos de cohecho y prostitución de menores. Y ha fijado fecha, el 6 de abril, para el juicio que presidirá un tribunal de tres juezas. En una Italia que en estos años ha convivido con la frivolidad y la banalización de la política, el espectáculo de un primer ministro acusado de delitos sexuales y de abuso de poder es, además de insólito, la prueba bochornosa de la máxima degradación del gobierno público. No se trata, como algunos quieren hacer creer, de que Berlusconi en su vida privada pueda hacer lo que quiera, sino de que las acusaciones se refieren a delitos bien tipificados, presuntamente cometidos abusando de su condición de presidente del Gobierno. La actitud que adopte ahora el encausado puede poner en grave peligro los equilibrios constitucionales. Sus abogados pueden seguir buscando triquiñuelas legales para evitar el juicio y permitirle así seguir al frente de un Gobierno agonizante que sería aún más deshonroso de lo que ya es. Desde la sensatez, se pide su dimisión, pero Berlusconi ha dicho que ni la considera. De este lamentable episodio emerge afortunadamente un hecho positivo, y es la independencia de la justicia, que no se ha doblegado a presiones y ataques.
